Resumen: La sentencia de instancia desestima la demanda interpuesta por el trabajador impugnando las sanciones impuestas por falta muy grave y grave respectivamente, alegaba el trabajador vulneración de derechos fundamentales en concreto garantía de indemnidad, acoso laboral y discriminación sindical. Frente a al sentencia se interpone recurso de Suplicación por el trabajador que se desestima. La Sala desestima los motivos de nulidad y de revisión de hechos probados. En cuanto a los motivos de denuncia jurídica se analiza en primer lugar por la Sala, la alegación de la vulneración del derechos a la garantía de indemnidad y con ello no solo si se han aportado indicios de su vulneración para que opere la inversión en la carga de la prueba sino también el contenido propio del derecho. Argumentado la Sala que no se habrían aportado indicios de tal vulneración ni tampoco el derecho. En cuanto a los demás derechos fundamentales alegados como vulnerados, discriminación, acoso laboral, también se desestiman por no aportarse indicios de su vulneración. Por último la Sala confirma las sanciones impuestas partiendo para ello de los hechos declarados probados, pues la parte recurrente lo que pretendía era una nueva valoración de la prueba.
Resumen: La sentencia recurrida no cuestiona, y lo deja claro en sus razonamientos, que no deban adoptarse medidas para mejorar la calidad del aire en la ciudad de Barcelona, lo que reprocha a la elaboración de la norma es que tales medidas no se hayan adoptado con una información real y una afectación territorial coherente con dicha contaminación, no se vulnera por tanto, la STJUE de 22 de diciembre de 2022 (asunto C-125/20 ).
Resumen: Se estima parcialmente el recurso interpuesto y,con ello,la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de las medidas adoptadas por la Administración de la Comunidad Autónoma durante la pandemia reconociendo el derecho de la recurrente a ser indemnizada en los términos expuestos en la fundamentación de la sentencia.Se sustenta la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada en los daños sufridos como consecuencia de la normativa dictada para hacer frente a la pandemia y,más concretamente por el RD 463/2020 al adoptarse medidas para la puesta a disposición del Servicio Público de Salud de Castilla y León de los centros y establecimientos sanitarios privados en el territorio de la Comunidad de Castilla y León como consecuencia del estado de alarma ocasionado por el COVID-19.Se declara previamente,la falta de legitimación pasiva de la administración del estado siendo,la administración demandada la conserjeria autonómica de sanidad. En cuanto al fondo se estima parcialmente el recurso interpuesto pese a rechazar que se pueda declarar,con caracter general,la responsabilidad de las administraciones públicas por las medidas adoptadas con motivo del covid y,si bien se rechaza la declaración de responsabilidad patrimonial por la puesta a disposición de los centros sanitarios privados se reconoce el derecho a una reparación económica debido a que,tales medidas,redujeron la actividad de los centros hospitalarios.
